En Chile, todas las tiendas están obligadas por ley a cobrar impuestos por los productos o servicios que venden. No se trata de una decisión comercial. Es una norma fiscal que busca mantener el orden económico y asegurar que el Estado cuente con recursos para su funcionamiento.
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El principal impuesto que se cobra es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que corresponde al 19% del precio de venta. Este monto lo paga el consumidor final, pero es la tienda la encargada de recaudarlo y entregarlo al Servicio de Impuestos Internos.
IVA: Uno de los impuestos para el financiamiento del país
Con este impuesto se costean servicios esenciales. La educación pública, la salud, la infraestructura y los programas sociales, por ejemplo.
En otras palabras, cuando una persona compra un producto y paga el impuesto correspondiente, está contribuyendo directamente al bienestar colectivo. No es un cobro arbitrario ni un ingreso adicional para la tienda, sino una obligación fiscal controlada por la autoridad tributaria.
Además, cobrar impuestos permite a las tiendas operar formalmente, emitir boletas electrónicas y declarar sus ingresos de manera transparente. Esto genera confianza tanto en los consumidores como en los organismos de control. La formalidad también les da acceso a beneficios, como créditos bancarios, licitaciones públicas o la posibilidad de recuperar parte del IVA en ciertos casos.
El cumplimiento tributario también evita la competencia desleal
Una tienda que no cobra impuestos puede ofrecer precios más bajos, pero está incurriendo en una infracción. Por eso, la fiscalización es constante. En resumen, las tiendas en Chile deben cobrar impuestos porque la ley lo exige, el país lo necesita y la economía lo agradece. Es una práctica que asegura justicia, transparencia y estabilidad para todos.
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