La nueva Ley 21.719 de Protección de Datos Personales comenzará a aplicarse en diciembre de 2026. Esta normativa transformará la manera en que las empresas chilenas gestionan la información de clientes, proveedores y trabajadores. Su aplicación marca un antes y un después en el ecosistema digital. El país adoptará estándares similares a los europeos y exigirá que cada organización asuma un compromiso real con la privacidad.
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¿Por qué ha tardado tanto en llegar la protección de datos?
Uno de los mayores obstáculos no está en la tecnología ni en los contratos con proveedores. Tampoco en los procesos administrativos que deberán adaptarse.
El verdadero reto se encuentra en la gobernanza desde el directorio.
Incluir la protección de datos en la agenda más alta de una compañía es, sin duda, la tarea más compleja.
Esto significa que la privacidad ya no podrá tratarse como un asunto técnico reservado al área de sistemas o legal. Deberá ser un tema estratégico, discutido en los comités de dirección y respaldado con indicadores de gestión. La nueva ley obliga a que los ejecutivos comprendan el impacto de las sanciones y, sobre todo, la importancia de la confianza.
El desafío radica en transformar la cultura corporativa
Los directores tendrán que recibir capacitación en aspectos legales y tecnológicos. Además, deberán crear estructuras que integren la privacidad en los reportes ejecutivos. Esto implica definir métricas, establecer auditorías internas y diseñar protocolos claros de respuesta frente a incidentes.
La entrada en vigor de la ley no solo impondrá obligaciones, también redefinirá la relación entre empresas y ciudadanos. Aquellas organizaciones que comprendan este desafío como una oportunidad estarán mejor preparadas para competir en la economía digital. Las que lo ignoren, en cambio, se arriesgan a enfrentar sanciones económicas y un daño reputacional difícil de reparar.
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