En Chile, el juicio ejecutivo es uno de los procedimientos judiciales más utilizados para hacer efectivo el cobro de deudas.
A diferencia de otros procesos, este se inicia cuando existe un título ejecutivo, es decir, un documento que acredita de manera directa y exigible la obligación de pago. Entre los más comunes encontramos pagarés, letras de cambio, cheques protestados, facturas aceptadas e incluso sentencias firmes.
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La principal característica del juicio ejecutivo es su rapidez
El tribunal, al recibir la demanda, ordena el requerimiento de pago al deudor. Si este no cumple en el plazo fijado por la ley, el acreedor puede solicitar el embargo de bienes para asegurar la deuda. Posteriormente, esos bienes pueden ser rematados para cubrir el monto adeudado.
Sin embargo, el deudor también tiene herramientas para defenderse
La legislación chilena contempla la posibilidad de oponer excepciones, como la prescripción de la deuda, la falta de legitimidad del documento o errores en la notificación. Estos mecanismos permiten equilibrar la balanza y garantizar que el proceso respete los derechos de ambas partes.
Siempre es buena idea contar con acompañamiento legal integral, que incluya el análisis de antecedentes, la elaboración de estrategias de defensa o cobro, y la representación ante los tribunales civiles. El juicio ejecutivo no es un trámite menor. Sus consecuencias pueden incluir el embargo y posterior pérdida de bienes, pero también abre la puerta a defensas jurídicas sólidas.
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