Las deudas son parte del día a día de cualquier empresa. Sin embargo, cuando la situación se complica y el acreedor decide iniciar acciones judiciales, el escenario cambia de inmediato. Que una deuda llegue a tribunales significa que la etapa de cobranza extrajudicial ya terminó. Ahora el conflicto entra en un terreno legal que puede traer consecuencias serias para la continuidad de la sociedad.
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El peligro que podría generar esa deuda
Una vez presentada la demanda, el tribunal civil notifica formalmente a la empresa deudora.
Desde ese momento, los plazos comienzan a correr y la compañía debe reaccionar con rapidez. No se trata solo de un llamado de atención, sino de un proceso legal donde cada respuesta, o incluso la ausencia de ella, tendrá un efecto directo en el resultado.
Ignorar la notificación no detiene el juicio.
Al contrario, puede acelerar embargos, órdenes de retención de cuentas o la incautación de bienes necesarios para operar.
Para una persona jurídica, este escenario no solo involucra dinero
También está en juego la reputación comercial, la relación con proveedores y la confianza de los clientes. Una empresa demandada por no cumplir sus compromisos financieros puede quedar marcada en registros que afectan su capacidad para acceder a créditos futuros, licitaciones o convenios con el Estado.
Cuando la deuda pasa a tribunales, los costos aumentan.
Se suman intereses, reajustes, honorarios de abogados y las denominadas costas judiciales.
La cifra final puede superar con creces el monto original. Por eso, actuar a tiempo resulta clave. Contar con asesoría legal especializada permite evaluar defensas, negociar acuerdos o buscar alternativas que reduzcan el impacto.
En definitiva, que una deuda llegue a tribunales es un punto de inflexión para cualquier empresa. Se debe enfrentar el proceso con estrategias que protejan el patrimonio y aseguren la continuidad del negocio.
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